¿Por qué nos oponemos a un Estado laico?

Posición de la Conferencia Episcopal con relación al proyecto de ley N.º 17.511
Mnsr. Hugo Barrantes
Presidente, Conferencia Episcopal de Costa Rica
(La Nación, 19.IX,09)

“Es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralística, tener un recto concepto de las relaciones de la comunidad política y la Iglesia” ( Gaudium et Spes , 76).

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como guías y orientadores del Pueblo de Dios, queremos manifestar, públicamente, nuestra posición con relación al proyecto de ley N.º 17.511, propuesto por el “Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica”.

Dicho proyecto se “enuncia” como remedio para resguardar la libertad religiosa de los habitantes del país, mediante la modificación de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política.

Rechazo. Al respecto, rechazamos, en todos sus extremos, el proyecto, por las siguientes razones:

1. Los proponentes, todos ellos vinculados al Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica, aprovechan esta oportunidad para impulsar su propia agenda.

Como es público, algunos de ellos, de forma insistente, se han manifestado opuestos a los valores del Evangelio y de la ética cristiana que la Iglesia enseña.

Su marcado interés particular, les obstaculiza la búsqueda del auténtico bien común y les desautoriza como supuestos defensores de la libertad religiosa en el país.

2. Nos consta que los diputados y diputadas que apoyaron este proyecto actuaron de forma apresurada, no reflejando la voluntad de la gran mayoría de quienes los eligieron.

3. Con respecto al fondo, es falso que se busque mejorar el ejercicio de la Libertad Religiosa, cuando, de hecho, la actual redacción del artículo 75 y la interpretación jurisprudencial de la Sala Constitucional, ya lo garantizan, en plena armonía con el ordenamiento internacional y la Doctrina Social de la Iglesia.

4. La Constitución Política, como fruto de nuestra identidad nacional, ha permitido, históricamente, una sana, respetuosa y equilibrada colaboración entre el Estado y la Iglesia, en aras del desarrollo integral de nuestro país.

Afirmar lo contrario es ignorar la historia. Asimismo, la supresión del nombre de Dios del juramento constitucional evidencia un doloroso secularismo, del todo opuesto al concepto de justa autonomía de la comunidad política y de la Iglesia, y entendido como la exclusión de Dios y de la fe de los ámbitos públicos, reduciendo esta a un simple intimismo.

Al respecto, el Papa Benedicto XVI nos enseña que al excluir a Dios de la vida pública, esta “se empobrece de motivaciones y la política adquiere un aspecto opresor y agresivo… La razón necesita siempre ser purificada por la fe, y esto vale también para la razón política, que no debe creerse omnipotente” ( Cáritas in Veritate N.º 56).

5. Los prejuicios antirreligiosos, los intereses particulares y el relativismo moral, son expresión de una miopía que niega todo valor a la dimensión trascendente y vivencia de la fe cristiana.

6. Nuestra oposición al citado proyecto se fundamenta en la defensa de principios y valores que favorezcan una auténtica democracia, y no en la búsqueda de supuestos privilegios pues, “Una democracia sin valores (…) se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo” (Documento Conclusivo, V Conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe, Aparecida, 2007, N.° 74).

7. Como Pastores de nuestras comunidades católicas y conocedores de la realidad cultural de nuestro país, sentimos la obligación de denunciar y de oponernos a todo proyecto que, a la luz de la doctrina cristiana y de la razón, dañe a nuestro pueblo.

Que el Dios de la vida y de la historia siga iluminando nuestro caminar, particularmente a cuantos nos gobiernan.